La Fundación Amulén, Organización No Gubernamental (ONG) dedicada al desarrollo de comunidades vulnerables por su limitación al acceso al agua, realizó un el estudio titulado “Educar sin agua: una realidad invisible”, en el cual un equipo interdisciplinario investigó la manera en cómo afecta la carencia del agua en la educación rural en el país como una arista más del proceso de privación y negación de derechos fundamentales en aspectos indispensables para un adecuado funcionamiento social de toda la población a raíz del sistema político y económico imperante, también conocida como desigualdad multidimensional.
En este contexto, la investigación el levantamiento de información en 11 regiones del país entre Arica y Los Lagos en donde se ubican más del 94% establecimientos de zonas no urbanas más afectadas por la crisis hídrica, determinó -entre otras conclusiones- que en Chile el 40,4% de las escuelas rurales municipales no cuenta con abastecimiento normado y regular de agua potable, es decir, un número de 1.350 establecimientos, lo que equivale a más de 27.100 de estudiantes, además de su respectivo personal educativo y funcionario.
Alarmantes cifras que, por razones obvias, ha generado complejas dificultades en la calidad de vida de las personas y en la continuidad de la educación de niños, niñas y adolescentes y la consiguiente afectación en el desarrollo de las comunidades rurales de Chile, sectores en donde se estima en un 47,2% de la población no cuenta con provisión formal de agua potable, teniendo que abastecerse de fuentes informales como pozos, ríos, vertientes, esteros o camiones aljibe.
Consecuencias educativas, administrativas y sanitarias
Respecto al diagnóstico de precariedad en el acceso al recurso básico en escuelas rurales del país, el estudio de la organización sin fines de lucro indicó que directores y directoras de las escuelas encuestadas calificaron con la nota de 3,1 al funcionamiento de los mecanismos de suficiencia de agua a través del Sistema de Agua Rural (APR), lo que corresponde se enmarca en la categoría de “Bueno”. Por otro lado, en los recintos educativos en que existe suministro informal, se valoró con un promedio de 2,6, es decir, una categoría entre “Regular” y “Bueno”.
Sin embargo, el 31,4% de los establecimientos que cuentan con procesos de suministro formal declararon que se han visto en la obligación de cancelar las clases en distintos periodos lectivos del año. Situación que, paradójicamente, se reduce a un 27,3% de las escuelas que funcionan con abastecimiento informal. Pese a lo anterior, se debe mencionar que tanto para establecimientos con suministro formal e informal, el porcentaje de suspensión de actividades educativas por falta o mala calidad del agua es anualmente muy similar.
En lo alusivo a la accesibilidad al agua a nivel general, el 75,9% de las escuelas rurales cuenta con una fuente mejorada de agua. No obstante, este alto porcentaje en la práctica no significa ninguna implementación de un sistema de tratamiento de aguas, sino que un mecanismo que sólo impide el contacto con contaminantes externos, por lo que no asegura ningún tipo de base de calidad del recurso.
Asimismo, el 24,1% de las escuelas no cuenta con una fuente mejorada de agua, esto quiere decir, que tampoco se puede asegurar que su contenido no esté contaminado con el medio, por ejemplo, de la agricultura moderna mediante el vertido de grandes cantidades de agroquímicos, materia orgánica, sedimentos y sales en los cuerpos de agua, entre otras sustancias artificiales.
En relación a la calidad del agua, entre el 45% y el 48% de los directores manifestó no estar enterados si el suministro que llega a los colegios que administran cuenta con resolución sanitaria que, en este caso, debe ser extendida exclusivamente por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud en consideración de la tramitación y evaluación de los siguientes requisitos: Aprobación de proyecto; Autorización de obra, Certificado de dominio vigente de propiedad, Planos de proyecto, Memoria descriptiva y cálculo del proyecto, Certificado de factibilidad de empresa sanitaria, Provisión de agua potable, Análisis calidad de agua, Catálogo de equipos, Autorización de asociación de canalistas para descarga a canales riego, entre otros.
Otro punto a considerar que proyectó este estudio, tiene que ver con el 34,6% de las escuelas rurales con abastecimiento informal no cuenta con procesos de control de cloro residual, lo que implica que más de 1/3 de los establecimientos tienen incerteza sobre si el agua consumida desde la fuente principal presenta algún nivel de cloración u otro proceso de desinfección química.
En el ámbito de la infraestructura de la distribución de agua, la investigación destacó que, entre las escuelas con suministro formal, un 36,9% de ellas que cuentan con estanque han debido suspender sus clases; mientras que entre las que no poseen un depositario hídrico, un 28,9% ha debido interrumpir sus actividades educativas. Comparativa que, además, estableció que los recintos que cuentan con un sistema de suministro formal y también con un estanque de almacenamiento, no significó la reducción en el índice de suspensión de clases. Dificultades que ha hecho que 760 alumnos de escuelas con suministro informal estén perdiendo -en promedio- más de 15 días de clases al año por consecuencia del cierre de los establecimientos debido a cortes o mala calidad del agua.
En lo concerniente a la manipulación de alimentos en los establecimientos, un 70,9% de los encuestados con abastecimiento formal declaró que posee resolución sanitaria, mientras que las escuelas que cuentan con sistemas de suministro informal sólo es un 56,8%. Además, 34,9% de las escuelas rurales con suministro informal no utiliza agua potable para la manipulación de alimentos. En tanto, los establecimientos que se abastecen mediante pozos o ríos, vertientes, esteros, etc., el 45,7% declara que el recurso utilizado no es de calidad potable. Esto se traduce en que casi la mitad de las escuelas provistas a través de pozos o noria (dejando de lado el 7,4% que no posee información) no manipula alimentos con agua de calidad, además de repercutir directamente en la nutrición que reciben los y las estudiantes más vulnerables que participan en programas de alimentación educacional pública rural gestionado principalmente por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
A modo de conclusión general, la investigación de ONG determinó que los problemas de accesibilidad y calidad del agua dentro de los procesos educativos de niños, niñas y adolescentes que estudian en escuelas rurales a nivel nacional es una problemática que permanentemente ha sido ocultada mediática e institucionalmente dentro de territorios rurales, tanto en dimensiones económicas, salud, equidad de género y, en este caso, la educación.
“Una forma de evaluar la brecha educacional entre lo urbano y rural es a través del índice SNED (Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño del Ministerio de Educación), que está dado por varios factores que tienen efectos en el desempeño de una escuela. Este índice es menor en las escuelas rurales de todas las regiones del país, lo que implica que en dichos establecimientos el desempeño en términos de efectividad, superación, iniciativa, condiciones de trabajo y funcionamiento, igualdad de oportunidades e integración es inferior que en las escuelas urbanas”, sentencia el informe.
En este sentido, “Educar sin agua: una realidad invisible” permite exhibir las consecuencias, tanto de la inducida crisis hídrica como de las desastrosas de abandono del modelo educativo chileno basado en el mercado, competencia y privatización, que ha llegado incluso al punto de que un segmento de alumnos y alumnas vulnerables del país, no tengan agua o cuenten con acceso precario y de mala calidad para poder estudiar dignamente en las 3.509 escuelas activas ubicadas en sectores rurales, de un total 4.951, en donde cuyo porcentaje restante se declara en un estado de cese de actividades o cerradas.
Debilitamiento de la educación pública que se entrelaza directamente con la escasez hídrica provocada por la apropiación legal de los derechos de agua explotados y usufructuado principalmente por la agroindustria y gran minería, debido a lo establecido por la aún vigente Constitución de 1980 que consagra los derechos de aprovechamientos de agua como privados (inciso final del número 24 del artículo 19).Situación que obliga de manera urgente que se levante la exigencia social y política de contar con“requerimientos mínimos en infraestructura básica que permitan asegurar las condiciones base para que nuestros niños y niñas logren forjar un presente y futuro mejor, por ellos, por sus familias y por el futuro de Chile”, como lo menciona el estudio en sus consideraciones finales.
Premisa que es compartida por la mayoría de los miembros de la Convención Constitucional que actualmente se encuentra elaborando una nueva Carta Magma que garantice constitucional y políticamente derechos esenciales como agua y la educación pública de calidad, pero que contradictoriamente para los directores y directoras de las escuelas rurales encuestadas y entrevistadas por la Fundación Amulén, a partir de esta dramático panorama de escasez hídrica, es mucho más relevante contar de segura y permanente con el vital elemento al señalar que “el acceso al agua es la característica más importante por sobre la calidad docente, el acceso al internet (también de bastante precariedad especialmente en zonas más aisladas), matrículas y resultados del Simce,siendo esta última la con menor grado de relevancia para los establecimientos y comunidades educativas”.
