En trámite legislativo se encuentra el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual, así como la violencia y la discriminación de género, en la educación superior.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja en enero de este año, siendo despachado a tercer trámite en senado.
El objetivo de la norma es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, además de proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de este tipo de conductas.
De esta manera, la ley “reconoce y ampara el derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación de género”.
La moción parlamentaria establece que los centros de estudios deberán contar con una estrategia de comunicación que garantice que las políticas, planes, protocolos y reglamentos sean conocidos al interior de las instituciones de educación superior, debiendo contar con unidades responsables de la implementación de sus protocolos y reglamentos sobre violencia y discriminación de género y, de forma separada, contarán también con una o más unidades responsables de llevar a cabo los procesos de investigación y sanción del acoso sexual.
En el texto legal, se entenderá por acoso sexual cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional.
Se considerará también como acoso la creación de un entorno intimidatorio, hostil o humillante, que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico; esto independiente de si tal comportamiento es aislado o reiterado.
Asimismo, el proyecto propone un protocolo para los organismos educativos que establece diagnósticos al interior de las instituciones, medidas dirigidas a prevenir riesgos y procurar espacios seguros, campañas de sensibilización de los miembros de la comunidad educativa, programas de capacitación, la incorporación de contenidos de derechos humanos, violencia y discriminación de género, en los planes curriculares y la introducción de políticas, reglamentos sobre violencia y discriminación de género en los procesos de inducción institucional.
FUENTE: encancha.cl
Por Agencia Atom
