Las propuestas políticas expresadas por los aspirantes a la presidencia de la República de Chile,Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), luego de que ambos candidatos obtuvieran las dos primeras mayorías nacionales de la pasada primera vuelta electoral realizada en noviembre pasado, han tomado el camino de la afinación y también del cambio de las mismas especialmente en materias tan relevantes para el desarrollo social y económico del país como el medio ambiente que, debido a la sequía, la crisis hídrica,  la contaminación y la destrucción de ecosistemas,  ha generado distintos niveles pobreza y desigualdad multidimensional dentro del país.

Tal como lo ha establecido la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al catalogar a Chile como el país con la mayor huella de carbono per cápita de América Latina, además de contar con siete de los nueve “factores de vulnerabilidad” que en un corto plazo lo podría perfilar como uno de los más afectados por la escasez hídrica, el calentamiento global y los deficientes manejos políticos a nivel del cambio climático.

A partir de este inquietante diagnóstico, los desafíos del cambio climático y la política medioambiental en aspectos como la sequía y el uso del agua para fines privados, extracción de recursos naturales, institucionalidad ambiental, energía, minería, océanos, entre otros, se han perfilado discusivamente -en distintos niveles de importancia- dentro de los programas medioambientales de los representantes de la izquierda socialdemócrata como de la extrema derecha en su camino hacia la obtención, durante los próximos 4 años,  de la primera magistratura del país que se disputará en los comicios del domingo 19 de diciembre.

PROGRAMA DE KAST

Por el lado del ganador de la primera vuelta electoral con el 27,9% de los sufragios, el candidato José Antonio Kast, estableció sus principales postulados medioambientales dentro de su eventual programa de gobierno apuntan –en términos generales– a mantener mayoritariamente la actual institucionalidad vigente sentada en una visión ideológica que considera la problemática ambiental no como una señal de la crisis del modelo económico imperante (neoliberalismo), sino como una permanente fuente de acumulación de capital financiero que puede ser utilizada para acceder a espacios de poder y toma de decisiones que permitan influir en la política pública.

Así mismo como ha ocurrido en el país con normas como el Código de Aguas que consagra los derechos de aguas en Chile a privados de forma gratuita y a perpetuidad para realizar actividades productivas, o también el Decreto Ley 701 (DL701), subsidio creado en dictadura para fomentar la industria del sector forestal mediante la plantación de monocultivos (principalmente de pinos y eucaliptus), ambas reglamentaciones que Kast no tiene contemplado modificar ni cambiar (a diferencia de Boric que sí desea derogar), ya que en la sección llamada “Atrévete a Recuperar nuestra Agricultura” en que esboza la idea de potenciar el uso económico y extractivo de la naturaleza señalando que “las necesidades y compromisos del Estado de Chile en materias ambientales, requiere incrementar la superficie de bosques con plena capacidad productiva”, pero sin especificar las zonas del país y el tipo de especies que formarían parte de ese plan de forestación (nativas o monocultivos).

 

Mantención de la matriz energética a carbón y negación del cambio climático

En este marco, José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano y ex diputado de la UDI, ha enfocado una parte importante de sus bases programáticas (pág. 50) en la esfera medioambiental en mantener y profundizar el modelo económico extractivo y de exportación de materias y recursos naturales, al igual que de retroceder en algunas políticas actuales como la Descarbonización de la Matriz Energética propuesta el 2019 por el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera al querer mantener las centrales a carbón existentes incorporando matices como “la eliminación del uso de carbones de mala calidad en la generación termoeléctrica” y su propósito de que “toda nueva termoeléctrica que cumpla regulaciones exigentes deberá usar carbón de alta calidad y baja humedad, en régimen ultra supercrítico o gasificación integrada, o la mejor tecnología disponible”, es decir, continuar con el sistema energético predominante en Chile en base a la quema de combustibles fósiles que genera gases contaminantes como CO2 (dióxido de carbono).

Así queda reafirmado en la subsección denominada “Atrévete a un Progreso Sustentable” en donde se declara que “Chile debe tomar decisiones de largo plazo abandonando las “modas” energéticas que las señales políticas cortoplacistas entregan a los agentes económicos. Eso implica, entre otros aspectos, considerar toda fuente de energía primaria, incluyendo hidráulica, renovables, nuclear, geotérmica y carbón limpio, sin exclusiones arbitrarias. Todas las fuentes tienen serias ventajas y preocupantes desventajas que deben sopesarse para lograr el objetivo descrito con lo mejor de cada una. Para ello, la política regulatoria y las señales que se entregan al mercado deben ser consistentes con una visión de largo plazo.” Seguido del siguiente párrafo: “El bienestar de los chilenos y su seguridad energética serán nuestra prioridad. Nos ocuparemos para que las familias resuelvan sus necesidades de combustibles y electricidad al menor costo e impacto ambiental, con variedad en la oferta disponible y un alto grado de continuidad. Después estarán los intereses de organismos internacionales, ambientalistas, empresas o gremios.”

Propuestas que confirman implícita y contradictoriamente a la vez, la intención de un eventual gobierno de José Antonio Kast de basar su política energética en termoeléctricas a carbón, pero de una “calidad menos contaminante” con el objetivo de favorecer a la población en sus necesidades de consumo energético, pero sin considerar las opiniones y sugerencias de organizaciones e instituciones proambientalistas nacionales y extranjeros acerca las consecuencias de la mantención de estas centrales de contaminación fósil que científicamente se ha comprobado que tienen un efecto nocivo en el medio ambiente y en la salud de las personas (deterioro cognitivo, enfermedades respiratorias crónicas y menor desarrollo de la función pulmonar, etc.), con mayor énfasis en los niños y las mujeres embarazadas.

Sin embargo, en otro apartado del programa se señala paragógicamente la intención de reducir “la contaminación de material particulado del aire” a través de “rediseñar la matriz energética y explorar nuevas fuentes de energía nacionales”, además de “reducir la dependencia del petróleo crudo en la matriz energética, reemplazándolo por electricidad y gas natural” y acelerar el proceso de “desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde”.

Asimismo, en los planteamientos medioambientales del también abanderado presidencial de la alianza política de Chile Podemos Más (UDI, RN, Evópoli y PRI) se aprecia un patente desconocimiento respecto de lo que ha expuesto la ciencia sobre al cambio climático que queda explicitado en frases como la incluida en la propuesta número 385, en donde se señala que “en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples correlaciones recientes”, impronta negacionista y de validación de postulados no corroboradas empíricamente que se suman a propuestas como la de “evitar las consecuencias de una salida acelerada de centrales térmicas de corta edad por supuestas razones climáticas, pues Chile produce una fracción ínfima de los gases de efecto invernadero y un cuarto de la oferta eléctrica depende de estas centrales que dan inercia al sistema”.

A lo que se agrega a otras ideas completamente alejadas de cualquier lógica y racionalidad ambiental, como la aparecida en la propuesta 559 en que se menciona que “las especies de flora y fauna, que conviven con la población humana o son influidos por esta, deben buscar un camino para «pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes»”. Con ese objetivo, debe ser debidamente regulados por la autoridad mediante la generación de parques temáticos y otros emprendimientos de aprovechamiento en la flora y fauna.”, añadiendo que “el criterio de explotación de los recursos vegetales y fauna se fundará en el principio de “generación sostenible de recursos vegetales y animales para su preservación, pagando el derecho a ser conservados por parte de sus administradores”.

En otras palabras, respecto a este último punto, el candidato Kast plantea la opción de que los ecosistemas vegetales y animales cancelen tributos al Estado y que eventualmente se puedan eliminar parques nacionales o reservas ecologicas para implementar un sistema de producción agrícola moderna apuntada a dedicar toda la tierra disponible al cultivo de una sola especie vegetal, permitiendo así que las zonas endémicas puedan ser explotadas en beneficio económico de privados a partir de la autorización que debería ser otorgada por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) a través de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

 

Adecuación de programa

Después de la primera vuelta de noviembre, y a días de la elección definitiva, tal como comúnmente ocurre en cualquier balotaje eleccionario de tipo presidencial, el abogado de la Universidad Católica y ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ha desarrollado un etapa de reconsideración y revisión de las mencionadas ofertas políticas medioambientales, al igual que una parte importante del su programa, a contar de la elaboración de una “nueva” planilla programática que incluye 221 medidas, en donde solamente fueron cambiadas, en comparación a las presentadas el jueves 19 de agosto de 2021 ante el Servicio Electoral (Servel), precisamente, las alusivas a su ahora aceptación y reconocimiento del cambio climático, la ratificación y continuidad de los tratados firmados por Chile en relación al medio ambiente (como la COP26) y también el termino de las termoeléctricas a carbón (sin plazos definidos) a partir del intermitente plan de descarbonización impulsado el 2019 por el actual presidente Sebastián Piñera.

PROGRAMA DE BORIC

Por su parte, el candidato de la coalición política de Apruebo Dignidad, conformada por el Frente Amplio y Chile Digno, ha elaborado un programa de gobierno en donde uno de sus principales pilares se encuentra el tema medioambiental que comienza en reconocer la compleja crisis medioambiental que vive Chile y el planeta y, con ello, el establecimiento de un plan de acción que permita avanzar en un corto y mediano plazo en generar soluciones y mejoras en el bienestar ambiental desde un punto de vista multidimensional que contempla una estructura programática bastante amplia y diversificada en numerosas temáticas afines. Entre las que se encuentras el cambio climático, la energía renovable y el bienestar animal, Transición energética (Descarbonización y Generación residencial y calefacción distrital), agua y escasez hídrica (Derecho humano al agua y el saneamiento, Transformaciones institucionales, Protección de los ecosistemas e Investigación para el Desarrollo Sustentable e Infraestructura resiliente y adaptativa), entre otros.

Política climática

Respecto a la crisis climática, el programa de Boric se centra en reconocer -sin ambages- las distintas dimensiones de esta problemática  medioambiental global en relación a los principales factores que la han provocado a partir de la reducción del régimen de precipitaciones y el aumento de episodios extremos en materia meteorológica, como también y con un especial énfasis en la manera en cómo el modelo económico extractivista y legislaciones afines (como la actual Ley de Pesca, o el Decreto Ley 701, entre otras) que han afectado sistemáticamente derechos de poblaciones, especialmente de primeras naciones (pueblos indígenas) y comunidades campesinas y de pescadores artesanales. Además de haber generado impactos irreversibles en ecosistemas e innumerables conflictos sociales a raíz de la propagación de actividades extractivas, entre otras dificultades ambientales y de convivencial social asociadas a los procesos de acumulación económica a través de la desregulación productiva de la minería, hidrocarburos, bosques, pesca y acuicultura, entre otros, que buscan esencialmente explotar todo lo posible en el más breve plazo posible y con todas las externalidades y consecuencias que esto implica para a la biodiversidad y las comunidades vulneradas.

Desde esta mirada que entiende el cambio climático no es sólo como un problema ambiental, sino que económico y social es que el equipo medioambiental del candidato del partido Convergencia Social ha puesto en el centro la idea de modificar la institucionalidad ambiental, especialmente, hacia la protección integral del medio ambiente que también resguarde a las comunidades y personas que lo protegen individual y grupalmente a través de organizaciones territoriales y medioambientalistas.

“Chile debe reconocerse y declararse en estado de emergencia climática. Aunque no es responsable de esta crisis, sufrirá sus impactos más agudos si no se adapta y contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, debemos cumplir nuestros compromisos climáticos internacionales y ser más ambiciosos en su formulación, fortaleciendo nuestras metas de mitigación de mediano y largo plazo para adelantar la meta de ser un país carbono neutral, y articulando dicha meta con acciones ambiciosas de adaptación y protección de nuestros ecosistemas terrestres y marinos, como glaciares, costas y océanos”, declaración incluida en el capítulo 2 del programa titulado “Avanzar a una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y comunidades”.

Objetivo de búsqueda de la carbononeutralidad a partir de estrategias de colaboración internacional que se fundamenta de manera más concreta y detallada en el listado de “53 cambios concretos” en materia medioambiental, en donde en su punto número 21 se señala que “firmaremos el Acuerdo de Escazú sobre participación, Derechos Humanos y justicia ambiental durante la primera semana de nuestro futuro gobierno (primer tratado internacional que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente en América Latina, vigente desde el 22 de abril de 2021, y que el gobierno de Sebastián Piñera -hasta ahora- no ha firmado).Además, llevaremos adelante un proceso de transformación de la Institucionalidad Ambiental, para que ésta se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática y a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de cada territorio.

El agua como derecho humano

En esta misma senda, la Coordinación Ambiental del programa de gobierno de Gabriel Boric también aborda la posibilidad de asegurar el derecho humano al agua mediante la implementación de una “Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas”.» como también “limitar o prohibir usos, o establecer derechos provisionales priorizando el consumo humano, en el marco de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales vigente”. Medidas y herramientas legales que pretenden ser utilizadas mientras que se resuelve una eventual reforma al Código de Aguas a través de la discusión de la nueva Constitución que está siendo llevada a cabo por la Convención Constitucional, cuyas y cuyos integrantes de forma mayoritaria tienen entre sus prioridades de que Chile deje de ser el único país del mundo donde el agua está privatizada, situación que mantiene a casi un millón de sus habitantes viviendo en zonas rurales sin provisión formal de agua potable, además de mantener a miles de estudiantes de escuelas rurales sin suministro hídrico formal, que los ha obligado a abastecerse con camiones aljibes como pasa principalmente en la zona Petorca y Quintay en la Quinta Región.

Cambio de la institucionalidad hídrica que coincide con el proyecto político comandado por el también ex dirigente estudiantil del movimiento de 2011 que, en términos generales, va en la dirección de revertir el modelo de despojo en materia de derechos sociales y bienes naturales comunes como el agua, a contar de la derogación de la norma jurídica superior representada la aún vigente Constitución Política de 1980 en donde se consagra la propiedad privada del agua y un bien económico de transacción mercantil. Situación totalmente distinta a la que ocurría en el anterior Código de Agua promulgado en 1969 durante la Reforma Agraria impulsada por el presidente Eduardo Frei Montalva, en el que se sostenía que todas las aguas del territorio nacional eran bienes de uso y dominio público, manteniéndose la unidad del agua con la tierra y se conservaba el derecho de agua para fines agrícolas sin que se pudiera dar otro fin productivo al originalmente se había concedido a través de dicha autorización estatal.

 

Mejoramiento de la calidad de vida cotidiana de las personas mediante políticas medioambientales

Por otro lado, y en relación específicamente a estrategias de corto plazo que puedan ser aplicadas a contar de decisiones que signifiquen soluciones concretas a problemas cotidianos vinculados a las condiciones de vida material y de infraestructura de las ciudades y localidades en donde residen las y los ciudadanos de manera transversal, las cuales pretenden ser mejoradas con iniciativas como un transporte público limpio y gratuito, viviendas mejor calefaccionadas y abastecidas energética y eficientemente mediante energías renovables, movilidad ecológica, construcción y el mejoramiento de ciclovías, entre otras, la cuales se especifican a continuación:

• “Trabajaremos por instalar 500 MW en sistemas de autogeneración de energía renovable no convencional distribuida en forma descentralizada, residencial y comunitaria. Esto implica construir una capacidad de generación -en este caso, distribuida- que duplique la capacidad de la última central a carbón aprobada en Quintero-Puchuncaví (una de las zonas de sacrificio ambiental más afectadas del país por la acción de empresas contaminantes y en donde 2018 se vivió una grave emergencia ambiental y sanitaria que causó una grave crisis de intoxicación de la población)”.
• “El transporte público será gratuito y no contaminante, a través del plan de Transporte Público Doble Cero (cero tarifas, cero emisiones), partiendo por pilotos en regiones. Nuestro horizonte es aliviar el bolsillo de las familias más vulnerables, que gastan cerca de un 20% de sus ingresos en salir a trabajar, con un sistema de transporte gratuito, rápido, eficiente y ambientalmente amigable”.
• “Generación residencial y calefacción distrital”.
• “El objetivo es terminar el periodo de gobierno con 500 MW instalados de generación distribuida residencial, considerando sistemas unitarios y comunitarios”.
• “Aislar térmicamente 400.000 viviendas en 100 comunas del país”.
• “Construcción de 500 kilómetros anuales de redes de ciclovías” a lo largo del país.

 

Descarbonización

Los compromisos del candidato presidencial ahora también apoyado por los históricos partidos de la ex Concertación (DC, PS, PR, PPD) del mismo modo abarcan relevantemente la intención de llevar a cabo un proceso de descarbonización de la matriz energética a través del cierre de las termoeléctricas de Las Ventanas y la indemnización a las personas afectadas por las masivas intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví (Quinta Región), quienes hasta hoy, no han recibido reconocimiento, reparación ni atención por parte del Estado. Acciones de descontaminación medioambiental que incluye las siguientes medidas:

• “Incorporar sistemas de almacenamiento en distintas etapas desde la generación al consumo, en fuentes de generación variable con baja capacidad de regulación”.
• “Reparación socioambiental de las zonas de sacrificio”.
• “Las medidas de mediano y largo plazo consideran el reemplazo de combustibles fósiles mediante una profundización y recalibración de aspectos de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde”. 

Economía tributaria verde

Pese a no estar incluido específicamente en el apartado medioambiental del plan de gobierno de su candidatura presidencial, la sección de “Cambios con responsabilidad fiscal: reforma tributaria y fortalecimiento fiscal” incluido en el listado de Propuestas Programáticas en materia Economía también se refiere a la multidimensionalidad de la problemática medioambiental en el país, en donde precisamente el sistema económico extractivista y la matriz energética contaminante basada en la quema de carbón, sin duda, ha sido uno de principales responsables, proponiendo con un especial énfasis la idea de instituir los denominados “Impuestos Verdes”, los cuales son explicados de la siguiente manera:

“Chile debe construir un modelo económico que integre la protección del medio ambiente como un eje estructurante, lo que necesariamente significa avanzar hacia una transición justa y sustentable. Por esta razón implementaremos una Reforma Fiscal Verde, no solo para acceder a nuevos recursos financieros que apoyen el desarrollo económico general, sino para proceder a una transición justa, con una estructura tributaria que promueva y asegure un desarrollo económico sustentable e igualitario”.

Nuevo articulado de un posible sistema de tributación económica de carácter ecologista que se pretende sustentar, entre otras iniciativas, en “aumentar gradualmente el impuesto al CO2 desde 5 a 40 USD/tCO2, y ampliar su alcance abarcando distintas fuentes de emisión”, como también “incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM/m3 en promedio a nivel nacional, considerando para estos efectos el impuesto óptimo que internalice las externalidades ambientales y eliminar las exenciones para industrias y transporte”.

Plan de reestructuración de la recaudación estatal de orientación verde y sustentable que, por razones obvias, apunta a que el Ministerio de Hacienda pueda volcar su tarea de dirigir la administración financiera del Estado, en este caso,  hacia un entendimiento que valore transversalmente al cambio climático no sólo como un tema de medio ambiente que debe ser gestionado económica y políticamente en la alianza con el Ministerio de Medio Ambiente, sino que con todas las reparticiones del gubernamentales desde una planificación de corto y largo plazo que contempla, por ejemplo, la transformación de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en un Banco Nacional de Desarrollo.

Actualización del programa

De cara a la nueva y final elección presidencial fijada para el próximo 19 de diciembre, el trabajo de afinación y readecuación de los objetivos del programa medioambiental del actual diputado del Republica Gabriel Boric han ido en la línea de mantener gran parte de su contenido inicial, profundizando y complementando con otras propuestas como la creación de un organismo de rango institucional y autónomo que ayude de la defensa de las personas ante conflictos ambientales, mejorar la institucionalidad de océanos y la gobernanza del borde costero (en donde se incluiría una nueva reglamentación para evitar y mitigar los daños y menoscabos producidos por la industria salmonera a las comunidades perjudicadas), además de fortalecer el proyecto de ley de cambio climático.

Estableciéndose como una de las modificaciones más importantes respecto al proyecto de gobierno presentado el 6 de agosto de 2021 ante el Servel, lo relativo a la superación de la era de los combustibles fósiles que hasta hoy sustenta la matriz energética chilena a través de termoeléctricas a carbón y petróleo, la que fue planteada inicialmente al año 2025 y ahora pretende llevarse a cabo a partir de un proceso de mayor gradualidad que tendría como plazo tentativo entre los años 2025 y 2030 comenzando con el cierre de centrales ubicadas a las llamadas zonas de sacrificio o resistencia ambiental.

Proceso escalonado que se realizaría con el objetivo de evitar el riesgo de que se pueda generar un colapso social y económico que permitan que los sistemas sociales y productivos sigan funcionando eficientemente durante esta etapa de transición, esto a través de la conformación de comisiones de transición justa a nivel territorial que tendrían como principal norte el hacer que todas las medidas de adaptación y mitigación de la crisis climática y ecológica sean tomadas en deliberación entre el Estado, los privados, las ciudadanas y ciudadanos habitantes de los territorios (afectados por empresas contaminantes de producción energética fósil) y la academia con el fin de elaborar en conjunto un plan de iniciativas de adaptación en las distintas regiones.

Cabe señalar que en Chile hay 29 termoeléctricas a carbón que producen el 91% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) que genera el parque eléctrico del país, las cuales se encuentran instaladas en ocho comunas del país como Iquique, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Curicó, Puchuncaví, Hualpén y Coronel.

 

Foto portada: CiperChile