Con el propósito de relevar la importancia de la responsabilidad de las conductas individuales y empresariales en la cuidado del medio ambiente, hoy 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, lamentablemente en uno de los momentos más complejos que vive nuestro planeta. Y recalcamos lo lamentable, porque solo en agosto pasado el informe sobre cambio climático elaborado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó como completamente “irreversibles” los efectos del calentamiento global producido por los seres humanos y principalmente por la industria extractiva y ganadera en el mundo.

En este contexto, sin duda, es necesario que la sociedad mundial en su conjunto, especialmente  las grandes potencias, aúnen voluntades y compromisos y reformulen de una vez por todas sus modelos y estrategias de desarrollo económico basadas principalmente en una matriz energética a carbón, que ha provocado que la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono sea el principal gas responsable del efecto invernadero, es decir, el aumento artificial de la temperatura de la atmósfera, la que actualmente supera las 410 partículas por millón, la mayor de los últimos dos millones de años. Situación que, junto a procesos de quema de otros combustibles fósiles, ha generado diversos resultados nocivos para el planeta y la biodiversidad como la inundación de ciudades costeras, la desertificación de bosques tropicales, el deshielo de masas glaciares y la proliferación de huracanes catastróficos, entre otros.

Desolador panorama medioambiental que se ha visto acentuado aún más, debido a las consecuencias derivadas de pandemia del COVID-19 en donde diversos estudios científicos han evidenciado la pérdida de numerosos ecosistemas a partir  la generación de las condiciones ideales para que los patógenos -como es el caso de los coronavirus- se propaguen entre los seres humanos a raíz de la invasión depredadora de nichos ecológicos vinculados a las prácticas agrícolas y la producción de alimentos asociadas al consumo de carne animal.

Finalmente, como una manera de que la gravísima crisis medioambiental  que vive el planeta sea asumida propositiva y activamente por la población mundial, resulta indispensable que la mayoría de los países suscriban tratados internacionales que apunten específicamente la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente,  como por ejemplo lo estipula el Acuerdo de Escazú, convenio promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que justamente busca defender y amparar jurídica e institucionalmente a agrupaciones medioambientalistas que durante este crítico momento de la emergencia climática y la destrucción sistemática de los sistemas naturales de la Tierra han levantado la voz para enviar mensajes y proponer soluciones que ayuden a originar y masificar la conciencia ecológica en el mundo.

Sin embargo, pese a que dicho pacto comenzó a regir oficialmente en abril pasado, nuestro país aún no lo ha firmado, a pesar de haber sido su promotor y líder en el 2012 y de exponerlo como argumento para conseguir ser sede de la COP25 -que tuvo que realizarse en España por el estallido social de 2019-. Este acuerdo, hoy es rechazado esgrimiendo que  la “ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación ambiental interna, lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y, plantearía un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”, como lo señaló el ministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand.

El presente exige cambios concretos, compromisos reales y conciencia en cada uno de nuestros actos en pos de la protección de nuestro planeta.