Un panel de 12 expertos y abogados ambientalistas están trabajando en un borrador para incluir el término de “Ecocidio” como un delito dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). 

Los expertos de distintas nacionalidades, a través de una conferencia mundial realizada mediante la plataforma Zoom, tipifican el Ecocidio como “ilícitos o actos sin sentido cometidos con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de daños graves y generalizados  a largo plazo al medioambiente”.

Así es como la fundación Stop Ecocide pretende que la CPI incluya este término transformándolo en el quinto crimen internacional después de los crímenes de lesa humanidad, de agresión, de guerra y de genocidio.

De acuerdo a la directora de esta fundación, Jojo Mehta, este hecho marca un hito histórico en el tiempo adecuado, debido a que “el planeta está despertando en cuanto a los peligros que enfrentamos si continuamos con nuestra trayectoria actual”.

Sin embargo, este concepto no tiene sus inicios en esta conferencia. La palabra Ecocidio ha sido utilizada en distintos contextos históricos, pero hasta ahora no se había intentado incluir como un delito grave de carácter mundial.

¿De dónde viene el término Ecocidio y qué abarcaría? 

Este concepto se generó en los últimos años de la Guerra de Vietnam (1955-1975) debido al uso del agente naranja, un herbicida utilizado como arma química. Este agente provocó la contaminación de distintos pueblos y destruyó tierras dejándolas poco fértiles.

Fue en la Cumbre Ambiental de Naciones Unidas de 1972 que se escuchó ante el mundo por primera vez este término, ya que el primer ministro sueco, Olof Palme, acusó a Estados Unidos de cometer ecocidio en Vietnam.

En la actualidad, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue acusado ante La Haya de genocidio y ecocidio por parte de La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). De acuerdo a lo que plantea Luiz Eloy Terena, abogado y coordinador jurídico de la APIB, que el presidente ignora la Constitución de 1988 la cual garantiza la protección a las comunidades indígenas y al derecho a sus territorios, estos dos factores fueron esenciales para formalizar la denuncia de ecocidio hacia el mandatario.

De salir adelante la tipificación, podría cubrir una serie de escenarios que han perjudicado el estado de nuestros ecosistemas. Dentro de los que podemos mencionar los vertidos de petróleo, los cuales son capaces de contaminar varios kilómetros en el océano; la contaminación del plástico que cada año produce toneladas que afectan a distintos organismos; la minería en el fondo del mar que provoca impactos de alteración física y contaminación, además de muchas otras malas prácticas.

Sin embargo, para los protagonistas de la petición, este proceso será difícil de llevar a cabo ya que se ven comprometidos muchos intereses. En primera instancia, quienes pueden cumplir con los requisitos para ser acusados de ecocidio son las corporaciones multinacionales, generando conflictos de intereses económicos. Finalmente, será difícil comprobar la voluntariedad al cometer el delito de destrucción de ecosistemas por parte de los involucrados.

Aunque el escenario parezca complejo, en IDMA creemos que incluir el término de “Ecocidio” como un delito dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) sería un paso gigante que obligaría a organizaciones y países a replantearse su visión y estrategia de desarrollo, frenando de una vez por todas, la destrucción de nuestro planeta.