Las metas medioambientales asumidas por Chile durante los últimos años han corrido en distintas direcciones en lo que respecta a la protección de la naturaleza como ente interdependiente y espacio esencial para el desarrollo de la vida animal, vegetal y humana.
En este sentido, la postura a favor del resguardo del medio ambiente ha estado prácticamente liderada por la gestión territorial y comunicacional realizada por distintas organizaciones de la sociedad civil a través de la movilización social -principalmente desde las masivas protestas de 2011 en contra del proyecto HidroAysén- han logrado instalar en el terreno de la opinión y la discusión pública diversas problemáticas ambientalistas que afectan a la biodiversidad natural (los bosques, los mares, los océanos, las montañas, los ríos, etc.) y sus comunidades como resultado de la desregulación de la industria extractiva que opera en el país. Siendo uno de los puntos más conflictivos del último tiempo, la central hidroeléctrica Alto Maipo, ubicada en la zona precordillerana sur de la Región Metropolitana y aprobado durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, y que generó el surgimiento de un movimiento social y ambientalista denominado “No Alto Maipo” que durante casi 15 años ha intentado frenar la expansión de dicho Proyecto Hidroeléctrico (de propiedad de la empresa productora de energía eléctrica chilena AES Gener y el Grupo Luksic) que ha acelerado el proceso de desertificación de la zona aludida, apurado el derretimiento de los glaciares y nieves e impactando áreas naturales y monumentos nacionales, entre otros costos para la naturaleza y comunidades.
No obstante, en contraste a lo anterior, ha estado la incapacidad de la institucionalidad y ordenamiento jurídico vigente con que se ha gestionado las causales externas de la crisis ambiental vinculadas a la acción humana, la contaminación, el calentamiento global y el cambio climático. Factores que sistemáticamente han ido afectado peligrosamente distintos nichos ecológicos y el medioambiente en general, debido a la decisión política de la totalidad de las administraciones del Estado de los últimos 30 años (Concertación, ChileVamos y Nueva Mayoría) en torno al objetivo de continuar manteniendo y profundizando un modelo de desarrollo económico poco diversificado, debido a estar basado esencialmente en la explotación de la naturaleza con el fin de exportar materias primas a otros países con escasa manufactura y programas de industrialización.
Sistema económico neoliberal que en su posicionamiento sobre el medioambiente, entre otras omisiones, ha eximido del cumplimiento de normativas de transparencia concretas que deban respetar las industrias extractivas (minería, petróleo/gas, pesqueras y forestales), tanto en ámbito de los mecanismos de recaudación de impuestos por el retiro y comercialización de recursos naturales como también una regulación relacionada a los planes de impacto y mitigación ambiental que contemplen la posibilidad real y efectiva de limitar e, incluso, prohibir -según sea el caso- la instalación y funcionamiento de proyectos extractivistas que atenten en contra de la biodiversidad nativa y la salud de las comunidades durante el desarrollo de sus faenas.
Los desequilibrios normativos vigentes y los retos de la nueva Constitución en la crisis medioambiental en Chile
Las trasgresiones medioambientales que constantemente han convertido a lugares de exploración o explotación de recursos mineros en zonas de varamiento de residuos, emisiones e inmisiones de sustancias toxicas y uso y/o contaminación de recursos naturales, paradójicamente contrapone a lo estipulado por la Constitución de 1980 en el ámbito medioambiental, en donde en su artículo 19 número 8 establece el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, y fijando expresamente que “es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Premisas constitucionales que durante el último tiempo no han sido más que una declaración de buenas intenciones, tras lo acontecido en 2018 en sectores urbanos como Quintero, Puchuncavi y Til Til o también denominados eufemísticamente como “zonas de sacrificio” en donde han ocurridos gravísimos episodios de intoxicaciones masivas de la población producto de la contaminación ejercida por empresas ligadas a la industria energética y que en la actualidad siguen generando estragos en la salud de la población.
Tal como volvió a pasar el pasado 6 de octubre en la Escuela Básica La Chocota de la localidad de Las Ventanas de la comuna de Puchuncaví, en donde al menos 13 niños y cuatro adultos debieron ser trasladados a un centro asistencial público tras sufrir fuertes dolores de cabeza y otros síntomas asociados a una posible intoxicación provocada tentativamente a la contaminación química generada por empresas termoeléctricas y de combustibles fósiles ubicadas en esa zona costera de la Quinta Región.
En este contexto, los mencionados hechos de afectación a la vida humana y el evidente desequilibrio normativo referido a la incapacidad de la institucionalidad política de establecer al medioambiente y las comunidades como la prioridad del desarrollo social y económico del país, innegablemente, ha hecho que los desafíos en este ámbito, desde una perspectiva literal y semántica, no estén siendo afrontados en el propósito de traspasar la línea divisoria entre el crecimiento económico en base a la destrucción de la naturaleza y un progreso que ponga por delante el bienestar multidimensional de la sociedad, en este caso, el de vivir en ecosistemas libres de contaminación.
Es por ello que en la actual coyuntura política que vive en el país relacionada con el proceso de construcción de una nueva Constitución para Chile generado a contar del más relevante e incidente movimiento de impugnación social al sistema neoliberal desarrollado desde el 18 de octubre de 2019, sin duda, ha puesto como uno de sus principales focos de discusión de la Convención Constitucional (CC) la intención de redefinir de manera radical de qué entendemos como medioambiente, pasando desde una interpretación -hasta ahora hegemónica- que perfila a la naturaleza exclusivamente como una fuente de producción de bienes económicos transables en el mercado, a una visión orientada en reconocer social e institucionalmente la crisis ecológica del planeta producida a raíz del irracional y desmesurado proceso de explotación de su biodiversidad.
Debate constitucional que, luego de 3 meses de trabajo, ya estableció su prioridad más transversal durante la aprobación de los reglamentos de la CC: que el nuevo contrato social plasmado en una nueva Constitución sea escrito en un “contexto de emergencia climática y ecológica”, haciéndose cargo de los efectos del cambio climático y la defensa de los ecosistemas, las cuencas y el fin de las “zonas de sacrificio” o de resistencia ambiental, además de poner a las comunidades en el centro de la preocupación política y social.
Primer paso constituyente que sin duda puede evaluarse de manera bastante auspicioso dentro de este proceso político que durante esta semana comenzó oficialmente la discusión de los contenidos del nuevo texto constitucional. Sin embargo, para que estas buenas intenciones puedan transformarse en un plazo acotado en soluciones prácticas a las problemáticas ambientales señaladas, junto a la posterior creación de leyes y políticas públicas que garanticen una gestión ambiental eficaz, resulta indispensable poner límites infranqueables al derecho de propiedad respecto a su libertad de apropiación de bienes naturales, bajo una de las principales máximas del pensamiento neoliberal vinculado a la idea de que la contribución fundamental del empresariado debe ser la obtención de utilidades mediante la total desregulación -o autorregulación- del mercado a través del Estado (Milton Friedman), y sin ningún miramiento ni consideración en el bien común. En otras palabras, terminar con la neutralización y el debilitamiento de la política como herramienta de transformación social convertida en burocracia al servicio de escenarios propicios para hacer negocios sin fiscalización que han terminado, por ejemplo, en la privatización legal -pero no ética- de bienes de uso públicos como el agua.
Así como ha ocurrido en distintos sectores del país a consecuencia de lo establecido en la vigente Carta Magna Constitución que consagra los derechos de aprovechamientos de agua como privados (inciso final del número 24 del artículo 19), situación que en términos prácticos ha provocado que -según la ONG Modatima- más de 400 mil familias rurales, (aproximadamente 1,5 millones de personas) no cuenten con suministro de agua potable permanente, dependiendo obligatoriamente de la entrega del vital elemento mediante camiones aljibes, 50 litros de agua por persona diariamente, entre otras problemáticas asociadas a los derechos de aprovechamiento de agua que ostentan centenares de empresarios de la industria agrícola y minera que mantienen a gran parte de la Región de Atacama, 17 de 18 comunas rurales de la Región Metropolitana y la Región de O’Higgins y el Maule declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía. A lo que se suman las regiones de Coquimbo y Valparaíso declaradas zonas de catástrofe hídrica por sequía y el saqueo de recursos naturales.
Conflictos de interés entre política y negocios medioambientales
Las descritas injusticias medioambientales, claramente, han devenido en una prolongada crisis de confianza institucional que se ha visto cada vez más acentuada y complejizada durante las últimas semanas, debido a las presuntas acusaciones de corrupción que involucran a grandes empresarios como Carlos Délano (inversiones Penta S.A. AFP Cuprum, Seguros de Vida Las Américas, Help y Clínica Las Condes, entre otras compañías) y altas autoridades del país como el presidente de la República, Sebastián Piñera, durante el proceso de compra-venta de proyectos extractivos asentados en la Cuarta Región del país, como la minera Dominga, específicamente ubicada en la comuna de La Higuera en donde en su costa marina se ubica el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt, entre otras especies.
Hechos por los cuales recientemente la principal autoridad del país ha sido formalizado e imputado judicialmente por el Área de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional por eventuales delitos tributarios y cohecho en el marco del caso de “los Pandora Papers”, debido a que dicho contrato establecía un pago en tres cuotas, la última de ellas circunscrita que convenidamente no se estableciera ningún tipo de cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y el puerto que contempla el proyecto, es decir, decisión que dependía única y exclusivamente del gobierno del presidente Piñera.
Probables conflictos de interés medioambiental que hace todavía más imprescindible que el cambio constitucional que se está preparando, ponga como uno de sus principales acentos la creación de mecanismos de probidad infranqueables durante procesos de negocios extractivistas sin que éstos perjudiquen y dañen el medioambiente, las comunidades afectadas y el aporte económico de los ecosistemas bajo el irrestricto cumplimiento de criterios de sostenibilidad promulgados por la Convención Constitucional y en completo ajuste a otros convenios internacionales sobre la diversidad biológica firmados por Chile (como el Convenio para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Informado Previo (PIC) a ciertos Productos Químicos Peligrosos, Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y sus Anexos A y B, Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, etc.). Al igual que otros tratados y compromisos aún no confirmados, como el Acuerdo de Escazú, uno de los mayores pactos medioambiental de América Latina y el Caribe, y que entre otras consideraciones incluye clausulas especiales para la protección de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y del Medioambiente, pero que el actual y segundo gobierno de Sebastián Piñera persistentemente se ha negado a ratificar, pese ha haberlo promovido y apoyado desde su génesis en 2012.
